Beyond the Shield: Why Ohio Must End Qualified Immunity to Protect Every Community
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When news broke that Louisiana police arrested ICE agent Thomas Bailey for breaking into his ex-partner’s home, it was a chilling reminder of how unchecked authority metastasizes. As commentator Lynn Tramonte observed, it parallels law enforcement officers using Flock surveillance cameras to spy on women.
There is a pervasive mindset among certain agents that their badge grants them total access to our spaces, our privacy, and our minds—a dangerous entitlement fueled by impunity.
We must state this fundamental truth clearly and without reservation: THEY WORK FOR US. THEY ARE OUR EMPLOYEES. Government officials and law enforcement officers exist to serve the public, not to operate as an unchecked class above the law. WE ARE THE ARCHITECTS OF OUR DEMOCRACY, and it is up to us to enforce the boundaries of constitutional power. At the center of this systemic abuse is a legal doctrine created out of thin air: qualified immunity.
A Doctrine Built on Judicial Activism
Qualified immunity is neither written into the U.S. Constitution nor enacted by Congress in the U.S. Code. As author Radley Balko notes in Rise of the Warrior Cop, it is purely judge-made law—the definition of judicial activism. Originally intended to protect well-meaning officials, it has morphed into a shield for civil rights violations. Courts routinely dismiss lawsuits against law enforcement officers simply because no identical previous court decision exists, leaving victims without recourse. The American public sees this injustice clearly: a Cato Institute national survey revealed that 63 percent of Americans favor eliminating qualified immunity for police.
What the Protecting Ohioans’ Constitutional Rights Amendment Means for Our Communities
Through the proposed Protecting Ohioans' Constitutional Rights Amendment, we are creating a direct cause of action in state court to hold government actors accountable when they violate constitutional protections.
Deterring Local Collaboration with ICE: Federal agents often rely on state and local police forces as force multipliers. Under this amendment, state and local officers can no longer hide behind state immunity doctrines. If local police engage in unlawful profiling, warrantless entries, or excessive force during joint operations, they and their employers face direct liability under the Ohio Constitution.
Protecting Trans and LGBTQ+ Ohioans: Transgender individuals face persistent harassment, privacy invasions, and unlawful treatment from state actors. By stripping away immunities, trans Ohioans gain the legal leverage to sue for equal protection and due process violations, backed by uncapped damages and court-ordered accountability.
Real Accountability for Bad Actors: Under our amendment, a court finding of a constitutional violation provides grounds for termination. Officers who misuse surveillance tools or break into homes will face real professional and civil consequences. We must dismantle the doctrines that protect abuse and restore real justice to the Ohio Constitution.
Miss Cynthia Brown, Heartbeat Movement Inc Founder and CEO Protecting Ohioans Constitutional Rights Committee Chair, The Ohio Coalition for Police Accountability and Transparency Founder. oceqi.org
En Español = In Spanish
Más allá de la placa: Porqué Ohio debe proteger la comunidad y acabar con la inmunidad condicionada
de Cynthia Brown
24 de agosto de 2026
traducción: NS
La noticia sobre el arresto de Thomas Bailey por elementos del Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana por interrumpir en la casa de su ex fue un escalofriante recordatorio de como la autoridad se distorsiona en la ausencia de vigilancia. Su metamorfosis —observa Lynn Tramonte— anda al par con el abuso de la cámara de tránsito marca Flock para fisgonear mujeres.
Existe una arraigada mentalidad entre ciertos oficiales que les hace creer que su placa les otorga acceso irrestricto a nuestros espacios, nuestra privacidad e incluso nuestras mentes: una peligrosa sensación de poder y derecho adquiridos alimentada por la impunidad.
Debemos afirmar esta verdad fundamental con absoluta claridad y sin reservas: TRABAJAN PARA NOSOTROS; SON NUESTROS EMPLEADOS. La razón por que los funcionarios públicos y los agentes de las fuerzas del orden existen es para servir a la ciudadanía, jamás para actuar como una clase privilegiada que se encuentra por encima de la ley operando sin rendición de cuentas.
LOS ARTÍFICES DE NUESTRA DEMOCRACIA SOMOS NOSOTROS, y depende de nosotros mismos hacer valer los límites del poder que les otorga la Constitución. En el centro de este abuso sistémico se encuentra una doctrina jurídica sacada de la manga: la mal llamada inmunidad calificada (qualified immunity).
Una doctrina fundamentada en el activismo judicial
La inmunidad calificada no se contempla en la Constitución de los Estados Unidos, ni tampoco fue aprobada por el Congreso ni incorporada al Código nacional. Tal y como señala Radley Balko en Surgimiento de la tira guerrera (Rise of the Warrior Cop), se trata exclusivamente de un engendro de los tribunales: derecho elaborado por los jueces, una expresión paradigmática del activismo judicial.
Concebida originalmente para proteger a funcionarios que actuaran de buena fe, la doctrina fue pervertida en un escudo jurídico para violadores de los derechos civiles. De manera rutinaria, los tribunales desestiman demandas contra agentes del orden bajo el argumento de la carencia de antecedentes judiciales en la materia. El colofón es devastador: son las víctimas quienes quedan sin justicia, mientras los responsables están protegidos por una barrera legal que no tuvieron que promulgar en ninguna legislatura.
La ciudadanía percibe esta injusticia con total claridad: una encuesta nacional del Instituto Cato reveló que el 63 por ciento de los estadounidenses favorecen eliminar la inmunidad calificada para la policía.
Lo que significa para nuestras comunidades
Proponemos la Enmienda para Proteger los Derechos Constitucionales de los Ohioanos en aras de establecer una vía directa para presentar demandas ante los tribunales estatales y exigir responsabilidades a los funcionarios y organismos gubernamentales cuando violen las garantías constitucionales. A continuación veamos tres aplicaciones.
Frenar la colaboración local con ICE: Los agentes federales suelen recurrir a las fuerzas policiales estatales y locales para multiplicar su capacidad operativa. Esta enmienda quitará de los agentes estatales y locales el escudo legal en las doctrinas estatales de inmunidad. Si un policía incurre en estereotipo ilegal (racial profiling), incursión a vivienda sin orden judicial o uso excesivo de fuerza durante operaciones conjuntas, tanto los agentes responsables como las instituciones podrían enfrentar responsabilidad directa bajo a la Constitución Estatal.
Proteger a las personas trans y LGBTQ+: Los agentes estatales hostigan de forma continua a las personas transgénero, invaden de su privacidad y aplican tratos improcedentes. Al eliminar la inmunidad, las personas trans de Ohio contarán con mayores y mejores herramientas legales para exigir igualdad ante la ley y demandar cuando el debido proceso es violado, con la posibilidad de obtener indemnizaciones ilimitadas y medidas de rendición de cuentas ordenadas por los tribunales.
Verdaderas consecuencias para abusadores: Nuestra enmienda procurará que fuera motivo de despido cuando un tribunal determina violación de derecho constitucional. Los agentes que utilicen indebidas herramientas de vigilancia o irrumpan en viviendas enfrentarían consecuencias profesionales y civiles reales.
Debemos desmantelar las doctrinas jurídicas que han servido para proteger los abusos de poder y restablecer una verdadera justicia en el marco de la Constitución de Ohio.
Cynthia Brown es fundadora del Movimiento Latido de Corazón (HM), Directora Ejecutiva de Proteger los Derechos Constitucionales de los Ohioanos (POCR) y fundadora de la Coordinadora Ohioana para Transparencia del Ministerio Público (OCPAT). oceqi.org
